Escuchá la entrevista con el economista Christian Daude, exfuncionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Daude consideró que la eventual incorporación de Uruguay a ese organismo implicaría un proceso extenso de revisión de las políticas públicas del país y podría aportar herramientas para mejorar su calidad institucional y regulatoria.
En entrevista con Posta Oriental, Daude, quien trabajó durante casi una década en la OCDE y también integró la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía durante la gestión de Danilo Astori, explicó que la organización surgió en la posguerra como un ámbito de coordinación entre países y que actualmente funciona como un foro de 38 Estados que intercambian experiencias, comparan políticas públicas y desarrollan estándares en áreas como educación, tributación, gobernanza, inversiones y regulación.
Según explicó, la OCDE dejó de ser exclusivamente un espacio de países desarrollados y actualmente tiene una membresía más heterogénea. En América Latina forman parte México, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que Argentina, Brasil y Perú mantienen procesos de acercamiento.
Daude identificó tres grandes áreas en las que Uruguay podría beneficiarse de una eventual adhesión. La primera es el propio proceso de ingreso, que implica una revisión exhaustiva de las políticas públicas. El economista lo definió como una “radiografía” del sector público, que abarca alrededor de 30 grandes comités y unos 300 grupos de trabajo.
La segunda ventaja sería el acceso permanente al conocimiento y la experiencia de otros países para mejorar políticas públicas y regulaciones. El tercer aspecto está relacionado con la posibilidad de participar directamente en las discusiones en las que se definen estándares internacionales que pueden terminar afectando a Uruguay.
En ese sentido, Daude recordó el episodio de 2014 relacionado con las denominadas listas de jurisdicciones de baja tributación y señaló que, en aquella oportunidad, Uruguay debió adaptar regulaciones sobre secreto bancario e intercambio de información.
El economista explicó que expresar interés en ingresar no implica comenzar automáticamente el proceso de adhesión. El país debe ser invitado y, una vez iniciado el proceso, la evaluación puede extenderse durante aproximadamente seis años.
Consultado sobre las transformaciones que Uruguay podría enfrentar durante un eventual proceso de adhesión, Daude aclaró que es difícil anticiparlas antes de realizar la evaluación correspondiente. Sin embargo, mencionó como uno de los posibles temas la gobernanza de las empresas públicas.
El economista señaló que Uruguay ya ha discutido reformas en esta área y aclaró que el debate no debería plantearse necesariamente en términos de privatización, sino de cómo mejorar el funcionamiento de las empresas públicas, reducir riesgos y fortalecer su gestión.
También sostuvo que Uruguay ya cumple con buena parte de los estándares de la organización en distintas áreas, por lo que las eventuales modificaciones podrían ser incrementales y no necesariamente requerir cambios constitucionales.
