Escuchá la entrevista con Diego Andrada, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines.
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El SUTIGA volvió a denunciar atrasos en el pago de salarios de trabajadores tercerizados que cumplen funciones para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y advirtió que el problema es “estructural” y se repite desde hace años.
En diálogo con Informativo Carve de Cierre, Andrada explicó que los funcionarios afectados se desempeñan en refugios para personas en situación de calle, servicios de atención a víctimas de violencia basada en género, centros de discapacidad y otros programas sociales que el ministerio ejecuta a través de organizaciones sociales, fundaciones y ONG.
Según indicó, la cantidad de trabajadores perjudicados varía de acuerdo con cada organización. En las últimas horas unas 200 personas vinculadas a la organización Otras Manos cobraron sus haberes tras varios días de paro, pero todavía quedan entre dos y tres organizaciones con atrasos, lo que mantiene a unos 300 trabajadores sin percibir el salario correspondiente.
Andrada señaló que el problema no es nuevo. Recordó que en noviembre y diciembre del año pasado llegaron a existir 13 organizaciones con pagos atrasados de manera simultánea, lo que afectó a unos 1.400 trabajadores.
El dirigente sostuvo que el sindicato dejó de centrar la discusión en las responsabilidades de cada organización y considera que el principal responsable es el Estado, por optar por un modelo de tercerización que, a su juicio, genera demoras por los procesos administrativos y de rendición de cuentas.
En ese sentido, recordó que el Ministerio de Desarrollo Social impulsó un mecanismo para que las organizaciones accedieran a préstamos mediante un sistema de microfinanzas cuando enfrentaran dificultades de liquidez. Sin embargo, aseguró que esa herramienta “no resolvió el problema” , ya que los atrasos volvieron a repetirse este año.
Como alternativa, SUTIGA propone la creación de un fideicomiso que garantice el pago de los salarios cuando las partidas destinadas a las organizaciones queden retenidas por problemas administrativos o de auditoría. Además, el sindicato insiste en avanzar hacia la presupuestación de algunos servicios considerados esenciales.
