Escuchá la entrevista con la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay (SPF), Lucía Basso.
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Basso advirtió sobre la caída de las nuevas plantaciones forestales y cuestionó la complejidad de los trámites que deben afrontar los productores para desarrollar proyectos, incluso en zonas definidas por ley como de prioridad forestal.
Destacó que en 2025 se registraron unas 15.000 hectáreas de nuevas plantaciones, el nivel más bajo desde la aprobación de la Ley Forestal. Recordó que, en los primeros años de aplicación de la normativa, las plantaciones pasaron de unas 10.000 hectáreas a 20.000 y 30.000, mientras que posteriormente el promedio llegó a ubicarse entre 60.000 y 70.000 hectáreas anuales.
Para la presidenta de la SPF, la caída responde, entre otros factores, al incremento de las exigencias regulatorias. “Hoy querés plantar 100 hectáreas y tenés que presentar un proyecto en la Dirección Forestal, la autorización ambiental previa con millones de papeles y declaraciones, y también un proyecto diferente en la intendencia que corresponda”, señaló.
Basso remarcó que las dificultades se presentan incluso en suelos de prioridad forestal, que están delimitados por la legislación. Según explicó, originalmente los productores debían presentar el proyecto ante la Dirección General Forestal, pero con el tiempo se incorporaron nuevas exigencias ambientales y administrativas.
Actualmente, para proyectos de 40 hectáreas en adelante, tanto en áreas de prioridad como de aptitud forestal, los productores deben realizar trámites ante distintos organismos. La dirigente cuestionó además que cada oficina solicite información diferente, lo que, según sostuvo, aumenta la complejidad del proceso.
En ese contexto, la presidenta de la SPF valoró la posibilidad de que el proyecto de ley de **competitividad y reducción del costo de vida** incorpore mecanismos de “silencio positivo”, por los cuales determinadas autorizaciones podrían considerarse aprobadas ante el vencimiento de los plazos establecidos por el Estado.
Basso señaló que un mecanismo similar aparece parcialmente contemplado en un nuevo decreto, con un plazo de 30 días, aunque advirtió que todavía existen incertidumbres sobre qué ocurre si posteriormente la autorización ambiental determina una calificación diferente. La aspiración del sector es que, vencido un plazo determinado sin respuesta administrativa, la autorización quede efectivamente aprobada.
Consultada sobre una eventual iniciativa legislativa para restringir nuevamente la forestación en tierras que no sean consideradas de prioridad o aptitud forestal, Bazo sostuvo que una medida de ese tipo generaría “más confusión para los inversores y potenciales inversores”. La dirigente recordó que una de las condiciones planteadas por la SPF para avanzar en una propuesta de **incorporar 500.000 hectáreas adicionales de superficie forestal** es contar con estabilidad regulatoria.
“Una de las cosas que propusimos para poder aumentar el área forestal en 500.000 hectáreas es una estabilidad en la regulación”, explicó.
Afirmó que la SPF está “exactamente en la otra vereda” respecto a una eventual nueva restricción y expresó preocupación por la posibilidad de que el tema vuelva a generar incertidumbre para quienes evalúan realizar inversiones.
