Escuchá la entrevista con la presidente del LATU, Lucila Arboleya.
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A seis meses de la puesta en marcha del Laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien, impulsado por Microsoft junto con el gobierno y otras organizaciones públicas, ya fueron desarrollados ocho proyectos orientados a utilizar esta tecnología para mejorar procesos, servicios e investigaciones en Uruguay.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Arboleya explicó que la iniciativa busca aplicar capacidades de inteligencia artificial a desafíos concretos del sector público. El laboratorio trabaja durante tres años y prevé financiar 16 proyectos por año.
En la primera convocatoria se recibieron 47 postulaciones de organismos públicos, una cifra que superó las expectativas iniciales. De los proyectos seleccionados, seis están orientados a mejorar procesos y dos tienen un perfil de investigación.
Entre las instituciones participantes se encuentran UTEC, Ceibal, la Dirección General de Registros, el Hospital de Clínicas y Latitud, la Fundación de Innovación Aplicada del LATU.
Arboleya destacó que uno de los objetivos de la iniciativa es que las capacidades desarrolladas puedan posteriormente ser aprovechadas por otras instituciones. Los datos permanecen bajo control de los organismos que los generan y los proyectos se desarrollan bajo acuerdos de confidencialidad.
Además, el programa busca evitar que las instituciones queden atadas a un único proveedor tecnológico. Aunque Microsoft aporta créditos para utilizar su plataforma Azure, las soluciones pueden ser implementadas posteriormente en otras infraestructuras.
La capacitación es otro de los componentes centrales. Durante los primeros seis meses fueron capacitadas unas 120 personas de diferentes instituciones públicas, con el objetivo de que los organismos puedan continuar desarrollando soluciones de inteligencia artificial una vez finalizado el proceso del laboratorio.
Para el segundo semestre ya fueron seleccionados cuatro nuevos proyectos, correspondientes a ANII, ANDE, Antel y Correo. Además, permanece abierta hasta fines de noviembre una convocatoria para seleccionar otros cuatro proyectos que comenzarían a trabajar en febrero.
Arboleya señaló que el desafío hacia adelante es ampliar la participación a organismos que todavía no cuentan con capacidades técnicas suficientes. El objetivo es que la inteligencia artificial no quede limitada a instituciones con mayor infraestructura, sino que pueda convertirse progresivamente en una herramienta para generar mejoras concretas en los servicios públicos.
