Escuchá la entrevista a Armando Castaigndebat, exministro de Defensa.
La semana pasada, el ex ministro de Defensa, Armando Castaigndebat, concurrió a la comisión investigadora parlamentaria que está analizando la compra de dos patrulleras OPV al astillero español Cardama.
De la comparecencia de Castaingdebat surge una línea de defensa muy clara: el exministro sostuvo que todo el proceso de compra de las patrulleras oceánicas se desarrolló dentro de la legalidad, con asesoramiento jurídico permanente y con el objetivo de proteger al Estado. Reivindicó la decisión política de avanzar con la adquisición, la definió como una «política de Estado» y afirmó que, durante su gestión, nunca existieron indicios de fraude o de que las garantías presentadas por el astillero Cardama fueran falsas.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue justificar las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama para presentar las garantías contractuales. Explicó que esas decisiones respondieron al «sentido común» y al interés superior de que Uruguay finalmente obtuviera las patrulleras, evitando una rescisión prematura del contrato. Aseguró que cada alternativa presentada por el astillero era evaluada junto con el Estudio Delpiazzo y que la garantía correspondiente al primer desembolso —la que consideraba más importante para proteger los fondos públicos— ya estaba vigente desde abril de 2024. También rechazó que el Banco Central o cualquier otro organismo del Estado hubiera recomendado no continuar con el proceso de aceptación de las garantías.
