Escuchá la entrevista con la directora nacional de Incentivo a la Inversión del MEF, Isabella Antonaccio.
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Uruguay busca elevar sus niveles de inversión privada y acercarlos al 20% del Producto Interno Bruto, frente a un promedio histórico que actualmente se ubica en torno al 16%. En entrevista con Posta Oriental, Antonaccio sostuvo que el país cuenta con una amplia batería de incentivos para atraer capitales, pero enfrenta problemas de competitividad, productividad y burocracia que dificultan la concreción de nuevos proyectos.
Explicó que el 16% de inversión no representa un nivel excepcionalmente bajo para Uruguay, sino que se encuentra aproximadamente en su promedio histórico. Sin embargo, recordó que durante períodos de grandes inversiones, como la instalación de las plantas de celulosa o el desarrollo de la energía eólica, el indicador llegó a aproximarse al 20%.
La jerarca afirmó que Uruguay tiene herramientas de incentivo a la inversión que se han mantenido durante décadas como políticas de Estado, entre ellas el régimen de zonas francas, la Ley Forestal y el régimen de promoción de inversiones. El desafío, dijo, es generar las condiciones para que las empresas tengan suficiente rentabilidad para invertir.
En ese sentido, señaló que el país enfrenta costos elevados y bajos niveles de productividad, además de restricciones para la innovación. Por eso, el Ministerio de Economía trabaja en una agenda de reformas microeconómicas vinculada a la competitividad y a la reducción de costos.
Antonaccio indicó que actualmente Uruguay cuenta con una cartera de proyectos de inversión de varios cientos de millones de dólares, aunque no existen por ahora nuevas iniciativas que puedan catalogarse como “mega inversiones” del orden de los mil millones de dólares, más allá de proyectos ya conocidos.
La jerarca señaló que el Gobierno trabaja de manera coordinada con distintas instituciones para intentar que esos proyectos se concreten y para identificar eventuales obstáculos que puedan ser resueltos desde el Estado.
“Uruguay debe tener un Estado que sea ágil”, sostuvo, y remarcó que el país debe mantener sus características de estabilidad y seguridad jurídica, pero al mismo tiempo reducir los tiempos y la burocracia. En ese marco destacó el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, que incorpora mecanismos para simplificar trámites, digitalizar procedimientos y avanzar hacia el denominado “silencio administrativo positivo”.
La medida implicaría que, una vez cumplidos determinados plazos, un trámite pueda considerarse aprobado, aunque Antonaccio aclaró que habrá excepciones cuando exista un riesgo sanitario, ambiental o para la salud humana. La aplicación concreta deberá definirse posteriormente con cada organismo competente.
