Escuchá la entrevista con el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli.
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La Asamblea General analizó este miércoles los informes de la comisión investigadora sobre la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional al astillero español Cardama, un contrato que terminó siendo rescindido y que actualmente enfrenta un proceso de arbitraje internacional.
El nacionalista cuestionó la actuación del gobierno de Yamandú Orsi en el proceso que terminó con la rescisión del contrato con el astillero español, y advirtió sobre el perjuicio económico para el Estado. También defendió los controles realizados durante la administración anterior y sostuvo que la falsedad de una de las garantías debe determinarse en la Justicia.
Gianoli, que fue uno de los legisladores que siguió de cerca el caso, defendió las conclusiones del informe presentado por su bancada y afirmó que la investigación, a su juicio, confirmó que existió una decisión política deliberada de frenar la construcción de los buques.
También sostuvo que el trabajo de la comisión permitió reunir elementos sobre las actuaciones de las distintas administraciones y señaló que hubo acuerdo entre los partidos para remitir a la Fiscalía las declaraciones y la documentación recabadas. Sin embargo, cuestionó que no se incluyeran en la propuesta del Frente Amplio las actuaciones de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y de sus asesores, que motivaron una denuncia penal presentada por el Partido Nacional.
El legislador afirmó que, desde abril de 2025, existían señales de que las autoridades no tenían voluntad de continuar con el proyecto. Mencionó por ejemplo la comparecencia del entonces jefe del proyecto, el contralmirante José Ruiz, quien, según Gianoli, habría transmitido esa impresión después de reunirse con la ministra de Defensa.
En paralelo, cuestionó que el gobierno no hubiera adoptado medidas para facilitar la continuidad del contrato, entre ellas la renovación de las garantías, y sostuvo que se dejaron de lado alternativas para evitar la rescisión.
En ese sentido, dijo que Uruguay podría haber negociado una salida que permitiera terminar al menos una de las patrulleras. Actualmente, afirmó, el país enfrenta un litigio internacional, sin los buques previstos y con importantes desembolsos ya realizados.
Uno de los principales puntos de controversia es la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, cuya falsedad se conoció en octubre de 2025. Gianoli defendió la actuación de la administración anterior, y señaló que el estudio jurídico contratado para asesorar sobre el proceso había respaldado formalmente la documentación. También recordó que, según su versión, la evaluación técnica de la Armada y los controles administrativos no habían formulado objeciones que impidieran avanzar con el contrato.
