La metalúrgica Cla Sienz cerró el viernes su planta en la zona franca de Colonia del Sacramento, lo que dejó sin trabajo a unas 80 personas. La empresa, dedicada al armado de maquinaria para selección de fruta, había anunciado que concentraría su actividad en España.
La empresa había solicitado previamente el concurso de acreedores, lo que complejiza la situación de los despidos, ya que no cuenta con fondos para abonar de forma inmediata las indemnizaciones. Por ese motivo, los trabajadores deberán recurrir al Fondo de Insolvencia Empresarial, un mecanismo que, según se estima, podría demorar hasta un año en efectivizar los pagos.
El viernes se realizó una asamblea de trabajadores en la que participó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, junto al presidente del sindicato industrial, Danilo Dárdano. Allí, el jerarca reconoció la gravedad de la situación y expresó la “impotencia” que generan estos cierres industriales, por el impacto directo sobre las familias y la pérdida de puestos de trabajo que luego “cuesta mucho tiempo recuperar”.
Castillo anunció que el ministerio activará las herramientas disponibles del Estado, entre ellas el seguro de paro, y adelantó que se trabajará en un proyecto de ley para habilitar un seguro de desempleo especial para aquellos trabajadores que no estén contemplados en el régimen actual, por un período determinado.
Además, se coordinará con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) la puesta en marcha de cursos de capacitación y reconversión laboral, con el objetivo de facilitar la reinserción en el mercado de trabajo. Otra de las alternativas planteadas fue la posibilidad de conformar cooperativas de producción, una experiencia que ya tuvo antecedentes dispares en el departamento tras otros cierres industriales.
Desde Colonia, la corresponsal de Carve, Claudia de los Santos, recordó que esta situación trae a la memoria el cierre de Yazaki, ocurrido el año pasado y que afectó a más de mil trabajadores, así como casos anteriores como Fanapel y Campomar, que derivaron en distintas experiencias cooperativas, algunas exitosas y otras no.
En este caso, al no tratarse de un concurso tradicional sino del uso del fondo de insolvencia, los trabajadores no son acreedores directos, lo que obliga a seguir de cerca la designación del síndico liquidador una vez que se levante la feria judicial.
El ministro Castillo también mantuvo una reunión en la Intendencia de Colonia con el intendente Guillermo Rodríguez y autoridades departamentales, en busca de soluciones coordinadas frente a un escenario que vuelve a exponer la fragilidad del empleo industrial en un departamento fuertemente orientado a los servicios.
Si bien la temporada turística de enero fue auspiciosa, con altos niveles de ocupación hotelera y eventos multitudinarios como las llamadas, desde el gobierno departamental reconocen que, por ahora, no se visualizan nuevas inversiones capaces de absorber a los trabajadores despedidos.
La incertidumbre se traslada ahora a febrero, mientras avanzan las negociaciones por las indemnizaciones, la instrumentación del seguro especial y las medidas de capacitación, en un contexto donde Colonia vuelve a enfrentar el desafío de generar empleo estable más allá del turismo.
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