El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, anunció que presentará ante Fiscalía los resultados de una auditoría externa realizada sobre la gestión de su antecesor, José Yurramendi, ambos dirigentes del Partido Nacional. Según informó el jefe comunal, el equipo jurídico de la intendencia iniciará además investigaciones administrativas por presuntas irregularidades detectadas en distintos procedimientos de la administración anterior.
El corresponsal de Carve en Melo, José Luis Barboza, explicó que el clima político en el departamento es de fuerte tensión, en un escenario que definió como “blancos contra blancos”, debido al enfrentamiento entre la actual conducción de la comuna y el gobierno departamental anterior.
La auditoría fue presentada en una conferencia de prensa convocada el pasado 18 de julio en la sede de la Intendencia de Cerro Largo. Allí, Morel detalló una serie de observaciones vinculadas principalmente a compras, licitaciones, manejo de fondos y pagos salariales.
Entre los principales puntos señalados, se indica que en el 90% de las compras analizadas no se encontró evidencia de procedimientos competitivos. Además, en varias licitaciones no apareció el informe del comité asesor y algunas adquisiciones fueron observadas por la contadora delegada del Tribunal de Cuentas.
También se detectaron expedientes por reclamos de proveedores por más de 8,7 millones de pesos sin registros de compra ni pagos asociados. Según el informe, la intendencia habría recibido fondos de terceros destinados al pago de proveedores que seguían impagos al momento del traspaso de mando, el 10 de julio del año pasado.
En materia salarial, la auditoría advierte sobre retenciones a funcionarios que no habrían sido volcadas a organismos o instituciones correspondientes. Además, se constató un aumento de pagos por compensaciones, horas extras, jornales y partidas variables, sin que en algunos casos existiera documentación de respaldo suficiente.
Otro de los aspectos observados es que el 87% de las compras de la comuna durante el período analizado se concentraron en apenas veinte proveedores. Asimismo, se detectó correlatividad numérica en facturas emitidas por algunos de ellos, lo que también quedó bajo análisis.
Morel sostuvo públicamente que existen “evidencias suficientes” para elevar parte de estas actuaciones al Ministerio Público.
Mientras tanto, se espera la respuesta del exintendente Yurramendi, quien anunciará públicamente su posición durante la tarde mediante un video en redes sociales y posteriores declaraciones públicas.
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