La crisis en Bolivia entró en su cuarta semana con bloqueos de rutas, enfrentamientos en La Paz, problemas de abastecimiento y un creciente clima de tensión política y social. Sectores sindicales y gremiales, encabezados por la Central Obrera Boliviana, pasaron de reclamar respuestas económicas a exigir directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el expresidente Evo Morales reapareció como una figura central detrás de las movilizaciones.
La periodista boliviana Fabiola Chambi, describió el escenario de su país como una “multicrisis”, originada por el descontento de maestros, gremiales y sectores sindicales que denuncian incumplimientos de promesas electorales y un deterioro económico creciente. Sin embargo, el conflicto fue adquiriendo rápidamente un componente político más profundo, vinculado a la disputa entre el actual gobierno y el movimiento liderado por Morales.
Chambi sostuvo que el expresidente ha tenido un rol decisivo en el endurecimiento de las protestas. Morales, que permanece resguardado en el Chapare mientras enfrenta denuncias judiciales, planteó públicamente que el gobierno tendría “90 días” para convocar elecciones o afrontar una escalada del conflicto. Según la periodista, detrás de los reclamos sectoriales existe una “pulseada política” que busca cuestionar la legitimidad del nuevo gobierno apenas seis meses después de haber asumido.
La situación en la ciudad de La Paz es especialmente delicada. Los bloqueos dificultan el ingreso de alimentos y medicamentos, mientras las fuerzas policiales y militares intentan mantener corredores humanitarios y despejar rutas que luego vuelven a ser ocupadas por manifestantes. Entre los grupos movilizados se encuentran mineros que utilizan dinamita en las protestas, lo que ha generado enfrentamientos con gases lacrimógenos y escenas de fuerte violencia urbana.
La prensa también quedó en el medio del conflicto, con agresiones, insultos y ataques contra periodistas y camarógrafos por parte de manifestantes, además de una falta de protección estatal para garantizar el trabajo informativo en medio de los disturbios.
En paralelo, el gobierno de Rodrigo Paz intenta sostener una estrategia de diálogo. En las últimas horas el presidente anunció una reducción del 50% en su salario y el de sus ministros, una medida simbólica que respondía parcialmente a demandas sindicales, aunque considerada insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Al mismo tiempo, comenzó a instalarse en el debate político la posibilidad de declarar un estado de excepción, impulsado por algunos legisladores, aunque el Ejecutivo insiste públicamente en mantener abiertos los canales de negociación.
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