La transformación del actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el Instituto Nacional de Reinserción es uno de los principales cambios incluidos por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas. La iniciativa plantea crear un servicio descentralizado con autonomía técnica y presupuestal, un directorio propio y un nuevo enfoque centrado en la reinserción social para reducir la reincidencia.
En entrevista con Informativo Carve Fin de Semana, la directora del INR, Ana Juanche, explicó que la propuesta va mucho más allá de un cambio de nombre. El nuevo organismo será conducido por un directorio integrado por un presidente y dos directores, responsables de definir las políticas institucionales, mientras que un secretario general tendrá a su cargo la gestión cotidiana.
Según indicó, este esquema permitirá que las decisiones sobre presupuesto, inversiones y administración sean adoptadas por el propio organismo, sin depender de otras unidades ejecutoras del Ministerio del Interior.
La jerarca señaló que el nuevo modelo también modifica el enfoque de la rehabilitación. Además de promover el acceso a la educación y al trabajo, se implementarán programas especializados para intervenir sobre los factores que favorecen la reincidencia, como el consumo problemático de drogas, las conductas delictivas y otros factores de riesgo. Para ello, ya comenzó la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y operadores terapéuticos.
En materia de infraestructura, Juanche informó que en agosto comenzarán las obras de mejora en el Complejo Santiago Vázquez. El plan incluye nuevas cocinas descentralizadas, aulas, salones para actividades y visitas, además de un sistema integral de videovigilancia.
A esto se suma la próxima puesta en funcionamiento de la nueva cárcel de mujeres, con 856 plazas, que permitirá trasladar a la población actualmente alojada en la Unidad Nº 5 de Colón, uno de los establecimientos con mayor hacinamiento del país. El centro contará además con un sector específico para mujeres trans y otro destinado al régimen de progreso.
La directora recordó que ya comenzó a operar una nueva unidad en el Complejo Libertad destinada a personas condenadas por delitos sexuales. Próximamente se habilitarán otras dos: una para personas primarias con penas de hasta tres años y otra para agresores de violencia de género. Además, el gobierno avanza en el pliego para licitar una cárcel de máxima seguridad de 50 plazas destinada a personas vinculadas al crimen organizado transnacional.
En cuanto al fortalecimiento del sistema, Juanche confirmó el ingreso gradual de mil nuevos funcionarios durante el quinquenio, entre policías, operadores penitenciarios y técnicos. También anunció la creación de un área de salud ocupacional para brindar apoyo a los trabajadores penitenciarios.
Consultada por el hacinamiento, reconoció que continúa siendo el principal desafío del sistema. Recordó que Uruguay registra una de las tasas de encarcelamiento más altas de América del Sur y que existen establecimientos con niveles de sobrepoblación que alcanzan el 400%.
A su juicio, la generación de nuevas plazas deberá complementarse con políticas de reinserción más efectivas para reducir la reincidencia y evitar el retorno de las personas al sistema penitenciario.
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