Escuchá la entrevista a Andrés Pérez, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
La decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto, mediante decreto, el cobro del nuevo timbre de $170 por acto médico en la salud privada abrió un nuevo capítulo en el conflicto por la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La medida, adoptada a horas de que comenzara a regir el gravamen, fue cuestionada por las autoridades de la institución, que entienden que el gobierno excedió sus potestades al modificar por decreto un mecanismo previsto por ley.
El Directorio de la Caja anunció que impugnará el decreto por considerar que constituye una «exoneración encubierta» y que vulnera el principio de legalidad. Desde la institución sostienen que cualquier cambio en los ingresos que financian al organismo debe ser aprobado por el Parlamento y no mediante una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Además, advierten que la medida agrava la delicada situación económica que atraviesa la caja.
El enfrentamiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional de los profesionales universitarios. Mientras el gobierno buscó evitar un aumento en los costos para los usuarios de la salud privada, desde la caja se insiste en que necesita nuevas fuentes de financiamiento para garantizar el pago de jubilaciones y prestaciones, en un contexto de creciente desequilibrio entre aportantes y beneficiarios.
