Escuchá el espacio con el edil del Frente Amplio, Gonzalo Zuvela.
En Spotify:
En Soundcloud:
El caso que derivó en la condena de Pablo Leiva por lavado de activos y tráfico interno de municiones abrió una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Junta Departamental de Montevideo, las partidas de secretaría que reciben los ediles y los mecanismos de contratación de asesores y colaboradores.
En el fogón oriental, Zuvela sostuvo que el episodio generó un fuerte cuestionamiento sobre el conjunto de los 31 ediles, aunque remarcó que no puede responsabilizarse a todos por las irregularidades que puedan existir en casos particulares. Explicó que cada edil dispone de una partida de secretaría para contratar personas que colaboren con su tarea. Según señaló, el monto ronda los 235 mil pesos nominales por edil, lo que representa aproximadamente 8,8 millones de pesos mensuales para el conjunto de la Junta Departamental.
El edil aseguró que, en su caso, cuenta con cinco colaboradores y un funcionario en comisión, y afirmó que todos fueron seleccionados por él y que cumplen tareas. También señaló que es funcionario rentado de su sector político desde antes de asumir como edil y que no percibe dinero de la Junta por esa vía.
La contratación de los colaboradores se realiza mediante empresas unipersonales abiertas por los propios ediles, un mecanismo que, según explicó Zuvela, comenzó a utilizarse en 2002. La Junta transfiere la partida y el edil administra esos recursos para pagar a las personas contratadas.
El legislador departamental también detalló otras herramientas disponibles para los ediles, como boletos para suplentes y colaboradores, combustible, teléfono y equipamiento informático.
Consultado sobre la posibilidad de que un edil contrate a una persona que no trabaje y luego reciba parte del dinero abonado, Zuvela respondió que desconoce que exista una situación de ese tipo y aseguró que no ocurre en su despacho. El edil reconoció que el sistema puede ser utilizado de manera incorrecta y consideró que el problema no necesariamente está en la existencia de las herramientas, sino en cómo se utilizan.
A su juicio, una alternativa sería modificar el régimen constitucional que impide que los ediles cobren un salario. Según explicó, establecer una remuneración para los ediles podría permitir un sistema más transparente, con exigencias de rendimiento y responsabilidades claramente definidas.
También planteó la necesidad de establecer límites para los pases en comisión, otra de las figuras que, según dijo, puede ser utilizada de manera inadecuada.
Para Zubela, la discusión sobre las partidas de secretaría no debería desplazar el asunto central que, a su entender, dejó al descubierto el caso, que es la posible vinculación entre narcotráfico y política. Señaló que la bancada del Frente Amplio actuó con cautela frente a las novedades del caso y que hizo suya la declaración del Secretariado del partido, que planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación más estricta del financiamiento de los partidos políticos.
