Escuchá la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en Posta Oriental.
El ministro valoró como “positivo” el preacuerdo alcanzado entre Terminal Cuenca del Plata (TCP), el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y el gobierno, luego de varios meses de conflicto y más de 50 reuniones de negociación.
El entendimiento establece las bases para un convenio colectivo con una vigencia prevista de cinco años e incluye, entre otros puntos, un aumento de los jornales asegurados para parte de los trabajadores, una partida extraordinaria y compensaciones para determinados sectores de la terminal. Además, mantiene la cláusula de paz y abre el camino hacia la firma del convenio definitivo.
Castillo destacó el trabajo desarrollado durante casi tres meses de conflicto y señaló que hubo reuniones prácticamente todos los días, tanto en ámbitos tripartitos como bilaterales. También mencionó la participación de otros integrantes del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Sin embargo, el ministro evitó atribuirle un papel específico a Sánchez, y sostuvo que la salida fue producto del trabajo conjunto de los distintos actores. Además, fue categórico al señalar que la propuesta que finalmente permitió avanzar fue la del Ministerio de Trabajo.
En paralelo, defendió la decisión del gobierno de establecer servicios mínimos durante el conflicto y volvió a rechazar la posibilidad de declarar la actividad portuaria como servicio esencial. Explicó que, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción puede afectar la vida, la salud o la seguridad de la población. A su entender, la actividad portuaria no encuadra en esa definición y, además, Uruguay no cuenta con un marco legal específico que habilite una declaración de esencialidad en estas circunstancias.
En apralelo señaló que el objetivo de la cartera fue generar condiciones para que empresa y trabajadores alcanzaran un punto de consenso, y agregó que ninguna de las partes obtuvo el 100% de sus pretensiones, pero ambas debieron realizar concesiones. “Mi rol es mejorar las relaciones laborales, defender el trabajo de los uruguayos y uruguayas y que las empresas funcionen”, resumió.
En cuanto al sector frigorífico, mencionó las dificultades derivadas de la situación de Conexión Ganadera y señaló que algunos establecimientos permanecen sin actividad por diferentes motivos, entre ellos problemas de costos, disponibilidad de ganado y procesos de reestructura.
Respecto al frigorífico Casablanca, en Paysandú, indicó que el gobierno analiza una nueva extensión del seguro de desempleo debido al fuerte impacto que tendría el cierre de la planta sobre toda la población vinculada a esa actividad.
En el caso del frigorífico Carrasco, Castillo informó que el gobierno está solicitando a la empresa un plan estratégico que permita determinar el futuro del establecimiento. El frigorífico lleva aproximadamente un año sin actividad y sus trabajadores ya agotaron los plazos ordinarios de cobertura del seguro de desempleo.
El ministro señaló que se evalúa impulsar un proyecto de ley especial para extender esa cobertura mientras se espera una definición empresarial. La compañía habría planteado informalmente una eventual reapertura el 2 de enero, pero el gobierno reclama una confirmación formal.
Respecto a FNC y la planta de Minas, Castillo explicó que la empresa atraviesa un proceso de reestructura y que se negocian las condiciones laborales y la conformación de las plantillas. Agregó que también existen negociaciones con los ministerios de Economía, Industria y Trabajo y que en las plantas de Paysandú y FNC se analizaban posibles preacuerdos.
En el sector lácteo, en tanto, el conflicto está vinculado al despido de unos 20 trabajadores de dos empresas tercerizadas que realizaban tareas de reposición en supermercados.
