Escuchá la entrevista con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva.
Da Silva consideró “tardía pero suficiente” la decisión del Directorio nacionalista de suspender por dos años al edil de Montevideo Gonzalo Gómez, solicitarle que deje su banca en la Junta Departamental y exigirle la devolución de los recursos públicos destinados al pago de un asesor que, según reconoció el propio edil, no realizaba tareas.
La resolución fue adoptada luego de que la Comisión de Ética del Partido Nacional concluyera que la conducta de Gómez merecía una condena ética por la contratación de un asesor con fondos públicos sin que este prestara efectivamente funciones. El Directorio hizo suyo el dictamen y reclamó la restitución de las sumas abonadas.
Da Silva sostuvo que se trata de una sanción “dura” y destacó que la suspensión durante dos años de la condición de integrante del Partido Nacional constituye una medida de peso.
“Por primera vez, tardío y suficiente”, resumió el senador, quien había reclamado desde el comienzo del caso una respuesta rápida y contundente. A su entender, el episodio había generado un “bochorno” para el partido y debía ser resuelto.
El legislador explicó que considera que los partidos políticos, al igual que otras organizaciones, tienen procedimientos internos que pueden hacer más lentas las decisiones. “Las corporaciones tienen esa velocidad paquidérmica”, señaló, aunque sostuvo que en este caso la resolución finalmente fue suficiente.
Da Silva cuestionó además el sistema de contrataciones y beneficios asociado a los ediles de la Junta Departamental de Montevideo. Según sostuvo, existen mecanismos que fueron implementados originalmente con determinadas finalidades y que con el tiempo incorporaron nuevas ventajas.
El senador afirmó que en Montevideo existen prácticas que, a su juicio, terminan generando una dependencia de algunos dirigentes respecto de los recursos públicos. “Hay mecanismos que son típicos de gente que usa el Estado para vivir de eso”, sostuvo.
En ese marco, defendió la necesidad de revisar el funcionamiento de los organismos de control y cuestionó la capacidad de instituciones como la JUTEP y la Senaclaft para detectar y prevenir irregularidades.
Da Silva también reclamó mayor atención al lavado de activos y advirtió que el fenómeno no involucra únicamente a personas vinculadas directamente con el delito, sino que puede involucrar a actores insertos en distintos ámbitos de la sociedad.
