Escuchá la entrevista a Diego Sanjurjo, Dr. en Ciencias Políticas. Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior.
Las armas de fuego están en el centro de una de las discusiones más sensibles de la política de seguridad: cómo reducir su disponibilidad y evitar que armas y municiones que circulan legalmente terminen alimentando el mercado ilegal y, finalmente, la violencia criminal.
La Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones parte de un dato contundente: cerca de siete de cada diez homicidios en Uruguay se cometen con armas de fuego. El Ministerio del Interior advierte, además, que entre 2013 y 2025 se denunciaron cerca de 16.000 hurtos de armas, mientras que se duplicaron los casos de tenencia y porte ilegal y aumentaron fuertemente las denuncias por tráfico interno.
La estrategia propone intervenir sobre todo el recorrido de un arma: desde su fabricación o ingreso al país, pasando por la tenencia, el porte y las transferencias, hasta su pérdida, hurto, incautación, peritaje y destrucción. Para eso se plantea mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización y conectar los sistemas de información del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Hay cambios concretos que pueden generar discusión entre los usuarios legales. Se mantiene el límite general de ocho armas por persona, pero se establece un máximo de cuatro armas cortas o de puño, y dos pistolas. También se crean dos categorías del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas de Fuego (THATA) -el permiso oficial en Uruguay para que mayores de 18 años puedan adquirir y tener armas de fuego- para usuarios regulares e intensivos, y se establecen límites diferenciados para la adquisición de municiones. A la vez, se regulan las armas de gas o aire comprimido, las armas electromagnéticas portátiles y las fabricadas mediante tecnologías digitales, incluida la impresión 3D.
El desafío que plantea el gobierno es encontrar el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos que utilizan armas legalmente y la necesidad de cerrar las vías por las que esas armas y municiones pueden terminar en manos de delincuentes. El decreto elaborado por el Ministerio del Interior ya está en Torre Ejecutiva, a la espera de que sea analizado y aprobado por el presidente Yamandú Orsi y su gabinete.
