Escuchá el informe del periodista paraguayo, Pablo Otazú.
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención del Ueno Bank. La decisión fue comunicada a través de un mensaje grabado y difundido públicamente, mientras en el Congreso avanzaban los pedidos de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.
“Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, expresó Peña al justificar su decisión. En su mensaje, sostuvo que la renuncia responde a la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
El mandatario también pidió disculpas a la población si en algún momento falló y puso el foco en la situación de los ahorristas afectados por la caída de la entidad bancaria. Señaló que su principal preocupación es garantizar la devolución de los recursos depositados y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su finalidad.
Sin embargo, la renuncia no implica una salida automática de la Presidencia. El documento fue entregado por escrito al ministro del Interior, Enrique Riera, quien lo trasladó al Congreso Nacional, que deberá resolver si acepta o no la dimisión.
En diálogo con Informativo Carve, el periodista de ABC Paraguay, Pablo Otazú, explicó que la Cámara de Diputados decretó un cuarto intermedio y que la oposición cuestiona la posibilidad de aceptar la renuncia, al considerar que podría otorgarle al mandatario una protección jurídica.
Uno de los principales cuestionamientos de los sectores opositores es que aceptar la renuncia podría dejar a Peña en una situación de protección jurídica. Según explicó Otazú, al abandonar la Presidencia pasaría a ocupar el cargo de senador vitalicio, una condición que le otorgaría fueros.
El periodista señaló que existe una nueva denuncia penal contra el mandatario por presuntas operaciones vinculadas a Bueno Bank. La Fiscalía General del Estado recibió la denuncia y la derivó a una unidad especializada en delitos económicos.
La oposición teme que la renuncia sea una maniobra para evitar el juicio político y que Peña pueda salir del país antes de enfrentar una eventual investigación penal. Se trata de cuestionamientos planteados por legisladores opositores, que todavía deberán resolverse en el ámbito institucional.
Si el Congreso rechaza la renuncia, se abriría el camino para continuar con el juicio político. El proceso comenzaría en Diputados y luego pasaría al Senado, que tendría la responsabilidad de resolver sobre la eventual destitución.
