Escuchá el informe del periodista José Leonardo Heid.
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La investigación por el escándalo financiero que sacudió a Paraguay suma nuevos elementos. En un allanamiento realizado en la residencia de verano de San Bernardino, a unos 40 kilómetros de Asunción, las autoridades encontraron dos bóvedas, aunque todavía no lograron acceder a su interior.
El procedimiento se realizó entre la noche del domingo y este lunes. Según explicó el periodista, una de las estructuras encontradas genera dudas entre los investigadores, que todavía intentan determinar si se trata de una bóveda o de una habitación de pánico.
La Fiscalía maneja tres alternativas para poder ingresar, solicitar la colaboración de la ex primera dama, esposa de Santiago Peña, para verificar si cuenta con autorización de acceso; recurrir a un familiar o a un especialista que pueda abrirla, un procedimiento que podría llevar varios días; o realizar una explosión controlada.
Esta última posibilidad requiere una evaluación técnica, ya que la estructura se encuentra debajo de la piscina de la vivienda y cualquier intervención podría afectar tanto la construcción como el terreno, que presenta un importante desnivel.
Por el momento, también está descartado trasladar al expresidente hasta esa residencia para participar del procedimiento. Los fiscales consideran que el operativo implicaría una logística compleja y podría generar nuevos enfrentamientos con manifestantes, como los registrados el viernes frente a su residencia en Asunción, donde hubo enfrentamientos con la Policía, balines de goma y gases lacrimógenos.
En el plano judicial, Santiago Peña fue imputado el sábado por los delitos de lesión de confianza, instigación y administración en provecho propio. La causa también involucra al expresidente del Banco Central y ambos permanecen dentro de la misma carpeta fiscal.
La Fiscalía dispone de seis meses para presentar una acusación formal y avanzar hacia un eventual juicio oral y público.
Los investigadores no descartan ampliar las imputaciones e incorporar otros delitos, como asociación criminal o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, según explicó Heidt, la eventual incorporación de nuevos cargos no necesariamente modificaría la expectativa de pena, que actualmente tiene un máximo de 15 años para las imputaciones señaladas.
