El abogado Hoenir Sarthou, representante de organizaciones ambientales y gremiales pesqueras, anunció que apelarán el fallo judicial que desestimó el recurso de amparo presentado para suspender la prospección sísmica en aguas uruguayas, actualmente en marcha en un bloque adjudicado a Chevron.
Sarthou sostuvo que la acción se basa en informes elaborados por once especialistas en ciencias marinas y gestión ambiental, quienes advierten que las emisiones acústicas de alta intensidad utilizadas para detectar hidrocarburos generan alteraciones severas en la fauna marina. Según explicó, el impacto alcanza desde el plancton (base de la cadena alimentaria) hasta peces, mamíferos marinos y especies que dependen del sonido para orientarse o reproducirse.
El recurso fue promovido por la Asociación de Patrones de Pesca, trabajadores y veterinarios del sector pesquero, junto a los colectivos Costa Viva Rocha y Mar Azul Uruguayo. Según Sarthou, confluyen allí dos preocupaciones, por un lado la ambiental, y, por otro, la económica, ya que entienden que la actividad también perjudica a la pesca comercial.
El abogado recordó que entre 2012 y 2016 hubo tareas similares en Uruguay y que empresas pesqueras mantienen un juicio por pérdidas económicas sufridas durante ese período. Señaló que ese antecedente demuestra que los efectos no son solo hipotéticos.
Uno de los principales reparos planteados refiere a los mecanismos de control. Sarthou cuestionó que tanto los estudios ambientales como parte del monitoreo en el buque estén a cargo de técnicos contratados por la propia empresa operadora.
“Aunque sean profesionales honestos y capacitados, existe un conflicto de intereses evidente cuando quien controla depende económicamente de la empresa controlada”, afirmó.
También sostuvo que Uruguay carece de capacidad suficiente para fiscalizar de forma independiente un espacio marítimo extenso, lo que a su juicio incrementa los riesgos.
Sarthou invocó el llamado “principio precautorio”, incorporado en la normativa ambiental uruguaya, según el cual cuando existe riesgo potencial de daño y no hay certeza científica suficiente sobre sus consecuencias, la actividad debería postergarse hasta contar con mayores estudios.
En ese sentido, aclaró que no se oponen a la búsqueda de petróleo en sí misma, sino a que se realice sin estudios previos independientes, sin excluir áreas sensibles y sin garantías de control adecuadas.
El recurso fue desestimado en primera instancia. Según explicó, la jueza entendió que el plazo de 30 días para presentar el amparo debía contarse desde una autorización emitida el 5 de diciembre, mientras que los demandantes sostienen que corresponde computarlo desde fines de febrero o desde el inicio efectivo de la prospección, el 6 de marzo.
La apelación será presentada en las próximas horas y deberá resolverla un Tribunal de Apelaciones.
Más allá del proceso judicial, Sarthou afirmó que el objetivo también es instalar una discusión pública sobre los costos y beneficios de la exploración offshore en Uruguay.
Recordó que, según estimaciones manejadas por las propias empresas, las probabilidades de encontrar petróleo comercialmente explotable son inferiores al 20%, por lo que advirtió que el principal negocio podría estar en la obtención y venta de datos geológicos.
“Puede terminar quedando información valiosa para terceros y un perjuicio ambiental para el país”, agregó.
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