Tras la presentación del documento final del Diálogo Social impulsado por el gobierno, las cámaras empresariales marcaron distancia y resolvieron no acompañarlo. Si bien valoran la instancia de intercambio, advierten que el texto presenta ambigüedades, omisiones relevantes y, sobre todo, falta de claridad sobre cómo se financiarán las propuestas.
El directivo de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Leonardo Slinger, explicó en Informativo Carve del Mediodía que uno de los principales puntos de preocupación es el capítulo de seguridad social, en particular el futuro de las AFAP. Señaló que las conclusiones del documento generaban incertidumbre, lo que llevó al Poder Ejecutivo a realizar aclaraciones públicas para ratificar la vigencia del sistema de ahorro individual.
Aun así, sostuvo que persisten dudas sobre eventuales cambios en su funcionamiento. “Se confirmó que seguirá existiendo el pilar de ahorro, pero no está claro bajo qué esquema”, indicó.
Slinger destacó que el proceso de diálogo fue “respetuoso” y permitió la participación de múltiples actores, desde ministerios hasta organizaciones sociales, aunque subrayó que sus conclusiones no son vinculantes.
“Es un insumo para el Poder Ejecutivo, no un proyecto de ley”, afirmó, aunque reconoció que genera expectativas entre quienes participaron.
Uno de los cuestionamientos centrales de las cámaras es la ausencia de un capítulo sobre empleo. Según Slinger, el documento no aborda la informalidad laboral ni propone medidas para fomentar la inserción, especialmente de jóvenes.
“La seguridad social se sostiene con trabajadores formales. Si no atendemos la informalidad, el sistema se debilita”, advirtió.
También planteó la necesidad de impulsar mecanismos como la formación dual, que combina trabajo y educación, para facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral, algo que tampoco fue incluido en el texto final.
Otro eje crítico es la falta de detalles sobre el costo de las medidas y sus fuentes de financiamiento. Si bien el documento menciona que algunas políticas se sostendrían con rentas generales, no especifica montos ni mecanismos.
“Se proponen nuevas prestaciones y ampliación de beneficios, pero no está claro quién paga”, cuestionó Slinger, quien advirtió que el sector empresarial no acepta aumentos de aportes ni de impuestos.
En materia previsional, las cámaras respaldan la continuidad de las AFAP y defienden el esquema actual, que, según sostienen, ha demostrado solidez en sus casi 30 años de funcionamiento.
Además, se oponen a eventuales cambios en la edad de retiro. Si bien el documento mantiene los 65 años, habilita retiros anticipados con penalizaciones. Para el sector empresarial, esto genera señales contradictorias.
“La sostenibilidad del sistema requiere mantener la edad de retiro y promover carreras laborales más largas”, afirmó.
Pese a las diferencias, Slinger aclaró que las cámaras comparten la necesidad de avanzar en políticas como la extensión de licencias parentales, el fortalecimiento de los cuidados y la atención a la infancia.
Sin embargo, insistió en que cualquier avance debe contemplar su impacto económico.
“Estamos de acuerdo con los objetivos, pero no con la forma. No se puede acompañar un documento que no define cómo se financian las medidas”, concluyó.
El sector empresarial considera que el proceso recién comienza. El documento servirá como base para que el Poder Ejecutivo elabore eventuales proyectos de ley, instancia en la que las cámaras anticipan que volverán a plantear sus propuestas y reparos.
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