Escuchá la entrevista con el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini.
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El puerto de Montevideo atraviesa un momento complejo, marcado por el conflicto sindical en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), las negociaciones para alcanzar un acuerdo y la necesidad de garantizar la continuidad operativa. Gandini destacó que la ANP participa directamente de la negociación, ya que posee el 20% de las acciones de TCP y, además, es el organismo encargado de la administración portuaria.
Gandini explicó que TCP concentra aproximadamente el 75% del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo, aunque remarcó que la actividad portuaria es mucho más amplia e incluye la terminal de pasajeros, la terminal de UPM, la terminal de granos, la actividad pesquera y los muelles públicos, entre otros sectores.
El jerarca advirtió que las interrupciones generan costos económicos y también un deterioro de la reputación del puerto como plataforma logística regional. Montevideo compite con Buenos Aires y con los grandes puertos brasileños por captar cargas de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, que utilizan la hidrovía para llegar a la región. Por lo que, si un barco encuentra el puerto detenido, puede continuar hacia otros destinos y utilizar posteriormente servicios de menor porte para trasladar la carga.
En el caso de las exportaciones, las consecuencias pueden ser especialmente importantes para productos perecederos. Gandini señaló que una demora puede implicar mayores costos por almacenamiento y conexión eléctrica de contenedores refrigerados, además de afectar contratos y precios de exportación.
Sobre la negociación sindical, sostuvo que durante los últimos días se ha avanzado y que desde el viernes las partes han podido dialogar sin interrupciones de la actividad. La reducción de la jornada laboral a seis horas, planteada inicialmente por el sindicato, habría quedado fuera de la mesa de negociación. En su lugar, se discuten aspectos como una cláusula de paz, mecanismos de guardia gremial para garantizar mínimos de continuidad operativa y la incorporación de determinados jornales asegurados.
Gandini consideró que la declaración de esencialidad es una herramienta que debería permanecer sobre la mesa, aunque aclaró que la decisión corresponde al Poder Ejecutivo. La ANP puede solicitarla, pero no tiene potestad para decretarla. Según explicó, hasta el momento el directorio del organismo no ha realizado formalmente ese pedido.
Para enfrentar esta situación, una empresa extranjera contratada por la ANP comenzó trabajos de dragado en los muelles, la dársena y el antepuerto, con una inversión de aproximadamente 25 millones de dólares. Gandini cuestionó además la eficiencia de la flota propia de dragado de la ANP y sostuvo que el organismo mantiene tres dragas con altos costos de funcionamiento y mantenimiento, mientras algunas se encuentran fuera de servicio.
Otro de los grandes objetivos es llevar la profundidad del canal de acceso a 14 metros. Gandini explicó que se trata de una vía de navegación de unos 51 kilómetros, que actualmente permite llegar hasta una zona de profundidad natural de 13 metros. Para alcanzar los 14 metros sería necesario profundizar el canal y extenderlo hasta encontrar esa nueva cota, además de mantenerla posteriormente mediante tareas permanentes de dragado.
El jerarca sostuvo que este proyecto debería comenzar durante el próximo año y planteó la posibilidad de recurrir a mecanismos de participación privada para realizar y mantener el dragado. A su entender, la ANP no cuenta actualmente con suficiente margen financiero para afrontar por sí sola una obra de esa magnitud, debido a compromisos asumidos en inversiones anteriores.
