Escuchá la entrevista con la fiscal adcripta de la Fiscalía de Canelones en Toledo, Paula Pereyra.
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La Fiscalía investiga una extensa red dedicada a obtener y comercializar información reservada sobre personas involucradas en accidentes de tránsito, con el objetivo de contactarlas rápidamente y ofrecerles representación legal. La denominada Operación caranchos ya derivó en diez condenas y dos formalizaciones, mientras la investigación continúa abierta y el número de personas indagadas se modifica a medida que aparecen nuevos elementos.
Pereyra explicó que la investigación no comenzó a partir de un único hecho, sino de varias denuncias de personas que, luego de sufrir un accidente, habían sido contactadas por abogados o gestores que conocían detalles del siniestro y hasta las lesiones sufridas.
A partir del análisis de esos casos, la Fiscalía detectó conexiones y comenzó a investigar una posible estructura organizada. Según Pereira, se trataba de una asociación para delinquir con distintos niveles y roles: no todos sus integrantes se conocían entre sí ni cumplían la misma función.
Entre los involucrados hay abogados, policías y civiles. La fiscal aclaró que, pese a versiones difundidas públicamente, ningún enfermero o trabajador de la salud ha sido formalizado hasta el momento. De las diez personas condenadas, tres son civiles, tres abogados, tres policías y una reviste simultáneamente la condición de oficial principal y abogado.
Los delitos atribuidos incluyen asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada. En algunos casos también se investigan amenazas y otros delitos previstos en el Código Penal.
La información obtenida correspondía a datos personales y reservados de las víctimas. La Fiscalía sostiene que esos datos eran utilizados para anticiparse a otros profesionales y contactar a las personas accidentadas con fines económicos. Pereyra confirmó que varias víctimas declararon haber recibido llamadas inmediatamente después de los siniestros y que, en algunos casos, quienes las contactaban ya conocían incluso qué lesiones habían sufrido.
La fiscal evitó brindar detalles sobre cómo se acreditaron las transacciones de dinero, debido a que existen actuaciones que permanecen bajo reserva. Según trascendió en la investigación, los pagos podían variar de acuerdo con las características del accidente y alcanzar montos de hasta 2.000 dólares en los casos con fallecidos.
Pereyra señaló además que la condición de funcionario público constituye un elemento especialmente relevante en estos casos, debido a la obligación que tienen quienes desempeñan determinadas funciones de preservar la información a la que acceden.
