Escuchá el espacio con el abogado y edil departamental, Gustavo Martínez, y el veterinario, Ricardo Cunha.
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La discusión sobre nuevas herramientas para combatir la garrapata bovina volvió a tomar fuerza, en un contexto marcado por el avance de la resistencia a los productos químicos tradicionales y la búsqueda de alternativas biológicas.
El foco está puesto en el CreBIO 7, un bioacaricida desarrollado en Uruguay por BioUruguay, con base en un hongo entomopatógeno. El producto lleva años de investigación y ensayos de campo, pero todavía no está habilitado para su comercialización en el país.
Cunha, quien sigue desde hace años el desarrollo de esta tecnología, sostuvo que los productos biológicos pueden constituir una herramienta importante dentro de un esquema de control integrado de la garrapata, aunque advirtió que no representan por sí solos una solución definitiva.
Además, cuestionó la demora en el proceso de habilitación y señaló que, pese a los años de investigación y a los ensayos realizados con participación del Ministerio de Ganadería, el producto continúa sin autorización para ser comercializado.
Según explicó Martínez, la solicitud formal para habilitar el CreBIO 7 fue presentada ante el Ministerio de Ganadería en septiembre de 2024, luego de un proceso que incluyó ensayos de campo, documentación técnica y estudios científicos. Recientemente presentó un petitorio certificado ante el ministerio, invocando el derecho constitucional de petición, con el objetivo de que la cartera se expida sobre la habilitación del producto. También solicitó medidas cautelares ante la eventual utilización o difusión de otros productos que, según sostuvo, no contarían con el registro correspondiente.
El abogado afirmó que existe preocupación porque en los últimos meses se difundió en Uruguay otro producto biológico para el combate de la garrapata, presentado públicamente como una alternativa basada también en hongos. Según Martínez, se estaría generando confusión con el Crebio 7 y reclamó que las autoridades aclaren la situación regulatoria de esos productos.
Desde su perspectiva, la falta de una respuesta oficial genera perjuicios económicos para la empresa que desarrolló el producto y también plantea interrogantes desde el punto de vista de la seguridad sanitaria.
