Escuchá la entrevista con el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo.
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El diputado sostuvo que hubo fallas de control, documentación falsa y pagos sin cumplir los requisitos contractuales. Además, rechazó que el gobierno de Yamandú Orsi tuviera una decisión anticipada de rescindir el contrato y afirmó que las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Fiscalía y la Justicia.
En entrevista con Posta Oriental, Garlo realizó una evaluación positiva del trabajo de la comisión investigadora sobre la compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, cuyos informes fueron analizados este miércoles por la Asamblea General. El legislador afirmó que la investigación permitió identificar hechos con apariencia delictiva que deben ser investigados por la Fiscalía.
Según Garlo, entre los principales elementos detectados figuran fallas en los controles, la presentación de documentación falsa y la realización de pagos sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el contrato. La Asamblea General aprobó por mayoría remitir a la Fiscalía la documentación reunida durante la investigación y denunciar los nuevos hechos identificados.
Garlo sostuvo que la contratación de Cardama durante el gobierno anterior representó un quiebre respecto de los criterios técnicos que la Armada Nacional había manejado históricamente para adquirir patrulleras oceánicas. Explicó que, desde 2009, el proceso de evaluación había priorizado la compra de embarcaciones probadas, que ya estuvieran construidas y en condiciones de navegar. Sin embargo, señaló que el contrato con Cardama se basó en un proyecto de un buque que el astillero todavía no había construido.
También cuestionó la modificación de los requisitos técnicos. Según indicó, en 2022 la Armada había establecido unas 80 características para la adquisición de las embarcaciones, pero en el proceso que culminó con la contratación de Cardama en 2023 se consideraron solamente tres condiciones excluyentes.
El legislador afirmó que todavía no existe una explicación satisfactoria sobre los motivos de esa reducción y planteó interrogantes sobre el hecho de que el procedimiento se iniciara a partir de una oferta presentada por la propia empresa.
Uno de los principales puntos de controversia es la garantía atribuida a Eurocommerce, cuya falsedad fue detectada en octubre de 2025, cuando el gobierno comenzó a investigar su renovación. Sostuvo que, al asumir en marzo de ese año, el gobierno de Orsi actuó de buena fe y continuó cumpliendo las obligaciones contractuales. Según explicó, fue al aproximarse el vencimiento de la garantía cuando se detectó que la empresa que supuestamente la había emitido no tenía existencia efectiva, carecía de domicilio y empleados y estaba en proceso de disolución antes de tramitarse la garantía.
El diputado defendió la actuación del actual gobierno y afirmó que la irregularidad se constató en cuestión de semanas, mientras que la administración anterior había tenido varios meses para controlar la documentación.
Consultado sobre la responsabilidad del estudio jurídico contratado para asesorar en el proceso, Garlo sostuvo que el control de la documentación y de las garantías correspondía al Estado y a los funcionarios públicos que intervinieron. Según su explicación, el estudio había realizado un análisis de concordancia contractual, pero no tenía a su cargo las verificaciones notariales, financieras ni de autenticidad de los documentos.
Durante la entrevista, Garlo rechazó que Cardama hubiera presentado formalmente una alternativa para sustituir la garantía cuestionada. Afirmó que, de acuerdo con la documentación que conoce la comisión investigadora, no hubo una propuesta formal de sustitución presentada por Cardama o por sus representantes ante el Estado uruguayo. Explicó que Fernández había ofrecido sus buenos oficios para acercar a las partes, pero distinguió esa gestión de una propuesta concreta de garantía.
