Escuchá la entrevista con el expresidente de la ANP, Edison González Lapeyre.
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La empresa Neltume Ports, accionista de Montecon, presentó al gobierno un proyecto para construir una nueva terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, con una inversión estimada en 900 millones de dólares. La iniciativa contempla la construcción de unos 940 metros de muelle, una capacidad para movilizar más de un millón de contenedores al año y la generación de unos 1.800 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. La propuesta fue presentada ante Presidencia y ahora deberá ser analizada por las autoridades.
El anuncio se conoce pocos días después de que Neltume Ports desistiera del arbitraje internacional por unos US$ 600 millones que mantenía contra Uruguay por la operativa de Montecon.
Para el exdirector de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Edison González Lapeyre, ambos hechos estarían vinculados. Según sostuvo, el desistimiento de la demanda difícilmente haya sido espontáneo y podría formar parte de un entendimiento entre la empresa y el Estado.
González Lapeyre consideró que la eventual inversión representa un cambio significativo para el escenario portuario y una oportunidad para revertir el deterioro que, a su juicio, atraviesa actualmente el puerto de Montevideo. Sin embargo, sostuvo que el gobierno deberá encarar el proceso con técnicos y especialistas en materia portuaria para evitar errores jurídicos y operativos como los que, según afirmó, se cometieron en acuerdos anteriores vinculados a UPM y a la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Respecto a la posibilidad de que Montevideo cuente con una segunda terminal especializada de contenedores, sostuvo que la competencia puede ser positiva para el puerto, particularmente porque podría contribuir a reducir los costos de la operativa. Señaló que el alto costo de las tarifas es uno de los factores que ha afectado la competitividad de Montevideo y contribuido a la pérdida de cargas, entre ellas parte del tránsito con destino a Paraguay.
También sostuvo que el marco jurídico otorgado a TCP tuvo errores, aunque aclaró que siempre estuvo a favor de las inversiones realizadas por la terminal, la incorporación de grúas pórtico y la ampliación de su infraestructura.
En cuanto a la posibilidad de instalar una segunda terminal, afirmó que tanto la Ley de Puertos como el marco legal posterior establecen el principio de libertad de competencia y consideró que no necesariamente existiría un impedimento jurídico para avanzar en esa dirección.
