Escuchá la entrevista con el exministro Luis Alberto Heber.
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El retiro irrevocable del arbitraje iniciado por Montecon contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue recibido con “mucha satisfacción” por el exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, quien defendió el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para extender la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
“Nosotros estábamos seguros de que no tenía razón”, afirmó Heber en diálogo con Posta Oriental. Según explicó, el reclamo de Montecon estaba vinculado a los permisos provisorios que la empresa había recibido para operar en los muelles públicos del puerto de Montevideo.
El conflicto se originó a partir de la decisión del Estado de consolidar el régimen de una terminal especializada de contenedores. Heber recordó que la Terminal Cuenca del Plata surgió a partir de una ley especial aprobada por el Parlamento y de un proceso de remate público en el que se adjudicó el 80% del paquete accionario, mientras el 20% quedó en manos del Estado.
De acuerdo con el exministro, la terminal realizó una inversión inicial cercana a los US$ 250 millones, mientras que paralelamente Montecón continuó operando en espacios públicos mediante permisos provisorios otorgados por la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Heber señaló que, cuando asumió al frente del Ministerio de Transporte, uno de los objetivos fue terminar con el conflicto que se había generado en el puerto. Para ello, recordó que consultó al entonces secretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández Toma, quien había participado de las negociaciones vinculadas al diferendo.
Según relató, existía un reclamo de TCP contra el Estado que podía alcanzar los US$ 1.500 millones y, a su entender, Uruguay tenía pocas posibilidades de obtener un resultado favorable.
En ese contexto, el gobierno acordó extender la concesión de TCP por 50 años y, como contrapartida, la empresa asumió un plan de inversiones por aproximadamente US$ 650 millones. Para Heber, el acuerdo permitió evitar un juicio de alto impacto económico y, al mismo tiempo, asegurar nuevas inversiones para mejorar la competitividad del puerto de Montevideo.
Consultado sobre las inversiones comprometidas por TCP y sobre si eventuales retrasos podrían afectar la extensión de la concesión, Heber señaló que existía una vinculación entre ambas cuestiones, aunque sostuvo que los retrasos registrados no fueron responsabilidad directa de la empresa concesionaria.
Según explicó, las obras estaban previstas para comenzar y avanzar durante los primeros años de la extensión de la concesión, pero distintos conflictos entre empresas subcontratistas y dificultades técnicas terminaron demorando el cronograma.
Heber mencionó, entre otros problemas, la aparición de roca en sectores del subsuelo portuario que obligó a realizar trabajos adicionales. Estimó que las obras podrían quedar culminadas hacia fines de 2027 o comienzos de 2028.
