Escuchá la entrevista con la directora del INR, Ana Juanche.
En Spotify:
En Soundcloud:
Juanche defendió la transformación del organismo en un nuevo Instituto Nacional de Reinserción, propuesta incluida en la Rendición de Cuentas que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser considerada por el Senado.
Explicó que el cambio implicaría que el actual INR deje de ser una unidad ejecutora del Ministerio del Interior para convertirse en un servicio descentralizado, con un directorio y autonomía técnica y presupuestal, aunque manteniendo su vinculación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
Actualmente, el sistema penitenciario tiene 16.752 personas privadas de libertad y unas 10.000 personas sometidas a medidas alternativas. El INR cuenta con aproximadamente 4.300 funcionarios, aunque cerca del 20% no se encuentra efectivamente en servicio debido a certificaciones médicas, procesos administrativos, bajas o retiros.
La directora advirtió además sobre el déficit de infraestructura. El INR administra 29 unidades penitenciarias, aunque varias cuentan con más de una dependencia. Según Juanche, actualmente faltan entre 2.800 y 3.000 plazas y algunas cárceles funcionan con niveles de ocupación superiores al 200%.
Entre las unidades que considera necesario sustituir mencionó especialmente la Unidad Nº 7 de Canelones, construida en la década de 1970, que fue diseñada para unas 400 personas y actualmente alberga alrededor de 1.100. También planteó sustituir la cárcel de Treinta y Tres, que funciona en una estructura del siglo XIX.
A esto se suman problemas en los módulos 10 y 11 del Complejo Santiago Vázquez y en el sector femenino de la Unidad Nº 13, Las Rosas.
Juanche señaló que el problema se agrava porque el sistema recibe en promedio 29 nuevos ingresos por día, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 1.000 personas privadas de libertad por año. A su entender, resulta difícil que el Estado pueda construir 1.000 nuevas plazas cada año, además de cubrir el déficit existente.
La directora también rechazó que las cárceles uruguayas estén bajo el control de los propios presos. Reconoció que existen episodios puntuales de organización delictiva desde las cárceles, pero sostuvo que no constituyen un fenómeno generalizado y que las situaciones detectadas son investigadas y sancionadas. Destacó la incorporación prevista de 500 policías y 500 operadores penitenciarios durante el quinquenio, en diferentes tandas, con el objetivo de mejorar la relación entre funcionarios y personas privadas de libertad.
