Las lluvias registradas en marzo y en los primeros días de abril permitieron revertir el déficit hídrico que afectaba a gran parte del país, pero las consecuencias productivas y económicas de la sequía todavía persisten.
Así lo señaló el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, quien sostuvo que “desde el punto de vista del déficit hídrico, sí, se puede considerar que ya estamos en una situación de recuperación”, destacando la recomposición de la capacidad de almacenamiento de agua en los suelos y la mejora en tajamares, arroyos y ríos.
No obstante, advirtió que esto no implica que la situación esté superada. “Una cosa es el déficit hídrico y otra son los daños que provocó. Y esos daños ya no tienen marcha atrás”, dijo en diálogo con Informativo Carve de Fin de Semana.
Normey explicó que los efectos de la sequía comienzan a reflejarse ahora en la producción agrícola, con rendimientos por debajo de lo normal en cultivos como el maíz y la soja. “Las consecuencias desde el punto de vista productivo y económico recién ahora se están empezando a ver y cuantificar”, indicó. En ese sentido, alertó que la falta de ingresos impactará también en el próximo ciclo productivo.
En la ganadería, la situación también es compleja, lo que provocó que muchos productores debieron vender animales para reducir la carga, y ahora enfrentan costos más altos para recomponer sus rodeos.
Ante la posibilidad de que el Ministerio de Ganadería levante la emergencia agropecuaria, desde la Federación Rural no cuestionan la decisión basada en la mejora climática, pero sí reclaman que las herramientas de apoyo se mantengan.
“Si las medidas se levantan ahora, no van a tener efecto”, advirtió Normey, quien insistió en la necesidad de sostener instrumentos como los créditos del SIGA de emergencia para acompañar a los productores en esta etapa crítica.
“Lo importante no es discutir si llovió o no, sino asegurar que las medidas tengan el tiempo suficiente para realmente impactar”, subrayó.
Más allá de la coyuntura climática, Normey reiteró una de las principales preocupaciones del sector: la falta de competitividad. “Es una realidad bastante consensuada que Uruguay es un país caro y poco competitivo”, afirmó.
En ese marco, la Federación Rural trabaja en un documento con más de treinta propuestas para aportar a la futura ley de competitividad que impulsa el gobierno. Las medidas apuntan a reducir costos, eliminar regulaciones innecesarias y mejorar la eficiencia del Estado.
Entre los planteos concretos, mencionó la eliminación del “1% municipal”, revisión de la tasa consular, cambios en el Fondo de Inspección Sanitaria, y ajustes en la institucionalidad agropecuaria.
Normey también hizo énfasis en la necesidad de fomentar no solo grandes inversiones, sino también las pequeñas decisiones de inversión cotidiana. “Ahí hay un motor que hoy está frenado y que podría dinamizar la economía”, aseguró.
En otra línea, el presidente de la Federación Rural valoró el diálogo con el gobierno, pero cuestionó la lentitud en la implementación de medidas. “Las ideas se toman en cuenta, pero muchas veces no llegan a concretarse en la cancha”, señaló, poniendo como ejemplo la respuesta frente al problema de la garrapata.
En ese sentido, insistió en la necesidad de mayor celeridad en temas que calificó como “tremendamente sensibles” para el sector.
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