Escuchá la entrevista con el abogado constitucionalista Eduardo Lust.
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El abogado y exfiscal Eduardo Lust sostuvo que Uruguay podría habilitar los allanamientos nocturnos vinculados al narcotráfico mediante una ley interpretativa del artículo 11 de la Constitución, sin necesidad de una reforma constitucional. Según explicó, el concepto de “hogar” protegido por la Carta Magna debe adaptarse a la realidad actual y no debería abarcar inmuebles destinados exclusivamente a actividades delictivas.
En entrevista con Posta Oriental, Lust recordó que la prohibición de ingresar de noche a un hogar fue incorporada en la Constitución de 1830, cuando el concepto estaba asociado al ámbito familiar reunido alrededor del fuego. A su juicio, casi dos siglos después ese criterio quedó desactualizado y debe interpretarse conforme a la evolución del derecho.
El abogado señaló que la propia legislación ya admite excepciones al principio de inviolabilidad del hogar, como ocurre en los casos de violencia doméstica, donde la Policía puede ingresar de noche para proteger la vida de las víctimas. Por eso, consideró incoherente que no exista una herramienta similar frente a situaciones de narcotráfico.
Lust explicó que años atrás impulsó junto al hoy senador colorado Gustavo Zubía un proyecto de ley interpretativa que definía el hogar como el lugar donde personas o familias desarrollan su vida privada en un ámbito de intimidad y permanencia. En esa propuesta se excluían expresamente inmuebles utilizados para actividades comerciales ilícitas, depósitos de droga, galpones, locales industriales o comerciales, entre otros.
La iniciativa establecía que, en esos casos, la Policía pudiera ingresar durante la noche siempre con orden judicial escrita, al entender que esos inmuebles pierden la condición de hogar protegida por la Constitución. Sin embargo, el proyecto nunca obtuvo los votos necesarios en el Parlamento.
En cuanto a la demanda presentada por el Partido Independiente contra el proyecto de la represa de Casupá, recurso que acompañó con su firma, Lust aseguró que la acción judicial no busca impedir la construcción de la obra, sino exigir que el proceso respete la Constitución y la normativa ambiental. Según sostuvo, el gobierno avanzó con licitaciones, gestiones de financiamiento internacional y procesos de expropiación antes de contar con la autorización ambiental correspondiente.
