*Por Patricia Madrid
Ayer comenzaba Así Nos Va con una pregunta sobre el patrimonio del presidente Yamandú Orsi.
La consulta surgía a partir de su última declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), donde figura una camioneta Hyundai 2025 valuada en $3.396.570, unos 79.000 dólares si se toma un dólar cercano a los $43 pesos como el de febrero de 2025.
**Puntualización: ayer hablamos de un auto valor 87.000 dólares, si se toma el dólar usado en la investigación del diario El País divulgada el domingo (el medio había tomado el dólar promedio del 2025). Ayer resolvimos desde Así Nos Va cambiar el criterio y ceñirnos al precio del dólar Febrero 2025.
En la declaración anterior 2024, Orsi tenía otro Hyundai, del año 2020, valuado en unos 29.000 dólares. La diferencia entre un vehículo y otro era, entonces, de unos 50.000 dólares.
La pregunta inicial era de dónde había salido ese dinero, porque los números no daban. Desde el entorno del presidente se comprometieron a enviar una respuesta. Y la respuesta llegó. Presidencia envió ayer una factura emitida el 21 de febrero de 2025, ocho días antes de la asunción, por la compra de una Hyundai Santa Fe 0kilómetro a un precio de US$ 54.000.
Ese dato cambia la discusión. Porque la camioneta no fue facturada por los US$79.000 que podían deducirse de la declaración jurada. El concesionario Oliva Automotores, que emitió la factura, ofrecía esa camioneta por US$ 78.990. La diferencia entre ese precio de mercado y los US$ 54.000 facturados asciende a US$25.000. Desde el entorno presidencial confirmaron, además, que Orsi recibió una rebaja o descuento de aproximadamente US$25.000 en esa operación.
Ahí la pregunta deja de ser solo contable. Ya no se trata únicamente de saber si al presidente le alcanzaba el dinero para comprar la camioneta. La cuestión es si un presidente electo puede recibir de una empresa privada una ventaja económica de ese tamaño a pocos días antes de asumir el cargo.
Presidencia informó que los US$ 54.000 se componen de la entrega del Hyundai 2020 de Orsi y una transferencia bancaria. Lo que no informó fue cuánto le reconocieron por el vehículo usado, ni cuánto dinero efectivamente transfirió el presidente electo.
Ese dato es importante. Si el vehículo anterior fue tomado por unos US$ 29.000, el valor que figuraba en la declaración jurada de 2024, entonces Orsi habría transferido unos US$ 25.000. Eso explica cómo pudo pagar la camioneta. No necesariamente explica por qué la pagó a ese precio.
También queda otra diferencia sobre la mesa. La camioneta fue facturada por US$54.000, pero declarada ante la Jutep por un valor bastante superior, cercano al precio de mercado. También corresponde aclarar cuál fue el criterio utilizado.
Tres días antes de que Orsi comprara su camioneta Hyundai, Alejandro Sánchez, actual secretario de Presidencia, anunció que en la ceremonia de transmisión de mando el presidente utilizaría un auto eléctrico. Lo consideró “una señal muy importante no solo de modernidad sino también de compromiso de un gobierno que va a trabajar en la transición energética”.
Ocho días después de la compra, el 1º de marzo, Orsi asumió la Presidencia. Ese día recorrió Avenida Libertador junto a la vicepresidenta Carolina Cosse en otro Hyundai: un IONIQ 5 eléctrico prestado para la ceremonia. El equipo encargado de la transmisión de mando, se supo en ese momento, había pedido utilizar un vehículo eléctrico y Fidocar ofreció prestar ese modelo, adaptado especialmente para la ocasión.
La empresa que le vendió el vehículo privado a Orsi, Oliva Automotores, es concesionaria oficial de Hyundai. A fines del año pasado fue distinguida por Fidocar, representante de Hyundai en Uruguay, como número uno en ventas. Tanto Oliva Automotores como Fidocar figuran registradas en el RUPE como proveedoras del Estado uruguayo.
Ese dato no prueba por sí solo una conexión entre la compra privada de Orsi y el vehículo utilizado en la asunción. Pero después de conocerse la rebaja de US$25.000, la pregunta es inevitable: ¿fueron hechos completamente separados o formaron parte de una relación comercial más amplia entre la marca y el entorno del nuevo gobierno?
El artículo 9 de la Ley 19.823, que estableció el Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a los funcionarios públicos solicitar o recibir obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por actos específicos de su función.
Para afirmar que hubo una violación ética o legal hace falta más información. El punto central es saber si esta rebaja fue una condición comercial ordinaria, disponible para cualquier comprador, o una ventaja particular otorgada a quien ocho días después iba a asumir la Presidencia de la República. La factura no cierra el caso. Lo cambia.
Al principio la pregunta era patrimonial: de dónde había salido el dinero. Ahora la pregunta es institucional: ¿bajo qué condiciones compró el presidente electo una camioneta de alta gama con un descuento de US$25.000?
Si fue un beneficio especial para el presidente electo, el problema recién empieza.
