Escuchá la entrevista con el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal.
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El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, calificó como “muy trabajosa” la negociación que derivó en el preacuerdo colectivo alcanzado con el Sunca, que tendrá una vigencia de 60 meses, hasta diciembre de 2031. El convenio establece una reducción progresiva de la jornada laboral sin pérdida salarial, hasta alcanzar las 40 horas semanales.
Ruibal explicó que la negociación se extendió durante varios meses y que el convenio anterior estuvo vencido durante tres meses, en un contexto de medidas sindicales. Según señaló, los acuerdos de este tipo siempre generan impactos sobre los costos de las empresas, aunque destacó que en esta oportunidad las cuatro gremiales empresariales del sector participaron de la negociación y respaldaron el resultado.
El titular de la Cámara de la Construcción también se refirió al envío de trabajadores al seguro de paro durante el conflicto. Afirmó que, cuando una obra queda sin frente de trabajo o sin determinados suministros, las empresas deben tomar decisiones de carácter administrativo y no necesariamente como mecanismo de presión.
Ruibal manifestó preocupación por la evolución de la actividad de la construcción. Recordó que el sector registró una retracción del 3,4% en volumen físico durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Según explicó, aunque el nivel de empleo todavía se mantiene en buenos niveles, la actividad viene mostrando dificultades para sostener los niveles de inversión de años anteriores. Señaló que, desde la finalización de grandes proyectos como la última planta de celulosa y el Ferrocarril Central, ha sido difícil mantener ese ritmo de inversión.
En ese escenario, destacó el aporte de la vivienda promovida y de las obras que se desarrollan en Punta del Este y Maldonado, pero advirtió que, si no se recuperan los niveles de inversión, la desaceleración terminará impactando sobre el empleo en los próximos meses.
Por ese motivo, la Cámara reclama acelerar la ejecución de obras públicas y sostiene que la inversión del Estado debe funcionar como uno de los principales motores para apuntalar la actividad del sector.
