Escucha la entrevista completa con Sergio Sommaruga del PIT-CNT y Alejandra Picco del Instituto Cuesta Duarte.
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Sommaruga sostuvo que Uruguay enfrenta un problema estructural de bajos ingresos, informalidad y desempleo, y planteó la necesidad de combinar mejoras salariales con una estrategia de crecimiento económico, desarrollo social e incorporación de tecnología. Además, consideró que el proyecto de jubilación a los 60 años representa un avance respecto a la reforma previsional vigente, aunque advirtió que su alcance es insuficiente.
También señaló que más de 500.000 trabajadores perciben menos de 25 mil pesos líquidos mensuales por una jornada de 40 horas semanales. Según afirmó, la proporción de trabajadores en esa situación no se modificó respecto al año anterior.
Para el dirigente, los salarios sumergidos constituyen uno de los principales problemas de calidad del empleo en Uruguay, junto con la informalidad y la falta de cobertura de la seguridad social. En ese sentido, reclamó una política más ambiciosa de aumentos reales para los salarios más bajos y mayores incrementos del salario mínimo nacional.
No obstante, advirtió que la mejora salarial por sí sola no alcanza para resolver el problema. Planteó la necesidad de revisar la matriz productiva, definir una estrategia de crecimiento de largo plazo y articular esas medidas con políticas de desarrollo social.
En relación con el proyecto de ley que habilita el acceso a la jubilación a partir de los 60 años, consideró que la iniciativa representa una mejora respecto al régimen establecido por la reforma previsional de la Ley 20.130, pero sostuvo que no resuelve todos los problemas.
El dirigente explicó que el proyecto permite recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años para quienes cumplen con los requisitos establecidos, algo que valoró especialmente para las personas que han desarrollado trabajos físicamente o intelectualmente exigentes. A pesar de esto, advirtió sobre dos limitaciones, como la cantidad de trabajadores que podrán acceder al beneficio y el monto de las prestaciones.
El movimiento sindical definiría su posición institucional sobre la iniciativa en sus ámbitos de decisión. De todos modos, resumió su valoración personal al señalar que el proyecto es mejor que el régimen anterior, aunque no alcanza para satisfacer las reivindicaciones originales del movimiento sindical.
Por su parte, Pico señaló que todavía no cuenta con un análisis detallado del proyecto y consideró que el diálogo social podría haber abordado otros problemas relevantes, como las dificultades de quienes no reúnen los 30 años de aportes necesarios y las desigualdades en las contribuciones de distintos sectores de actividad.
