Escuchá la entrevista con el coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR), Tabaré Aguerre.
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Aguerre destacó el potencial de Uruguay para ampliar el uso del riego agropecuario y planteó la necesidad de avanzar desde un modelo basado en represas individuales hacia sistemas de riego multiprediales. Explicó que Uruguay recibe una importante cantidad de precipitaciones, pero una proporción significativa del agua termina escurriendo hacia los cursos de agua y finalmente al océano. Según señaló, de aproximadamente 600 milímetros de agua que escurren superficialmente, las represas existentes interceptan apenas entre 4% y 5%.
“Agua sobra”, sostuvo, aunque remarcó que el desafío está en administrar el recurso en el tiempo para contar con disponibilidad cuando se producen períodos de déficit hídrico.
La propuesta que impulsa el gobierno busca desarrollar sistemas de riego multiprediales, con una lógica que trascienda los límites de cada establecimiento y permita que varios productores compartan una misma infraestructura de almacenamiento y distribución de agua.
Aguerre explicó que Uruguay ya cuenta con antecedentes de este tipo, como la represa de India Muerta y algunos sistemas destinados al riego de caña de azúcar en el norte del país. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento reciente del riego se produjo mediante represas construidas dentro de establecimientos individuales.
El exministro de Ganadería señaló que la inversión necesaria para incorporar riego es significativa. Estimó que una fuente de agua, como una represa, requiere unos US$ 1.500 por hectárea, mientras que los equipos de riego (pivotes, bombas y electrificación, entre otros) pueden demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 adicionales. En total, la inversión puede alcanzar unos US$ 5.000 por hectárea.
Según Aguerre, el aumento del valor de la tierra y la evidencia acumulada sobre los resultados productivos han contribuido a que estas inversiones sean cada vez más atractivas. Destacó que los ensayos y experiencias comerciales muestran que, en determinados cultivos, el rendimiento con riego puede superar ampliamente al obtenido sin riego. “Hay que dejar de ser un país que espera la lluvia y tratar de administrarla”, resumió.
Aguerre vinculó la expansión del riego con la vulnerabilidad de la economía uruguaya frente a las sequías. Recordó que alrededor del 75% de las exportaciones del país tienen origen agropecuario y sostuvo que los efectos de los déficits hídricos se extienden más allá de los cultivos.
En ese sentido, señaló que la caída reciente de la actividad económica no puede atribuirse exclusivamente a la sequía de este año, ya que todavía existen consecuencias productivas de la sequía de 2023.
También planteó que la falta de agua afecta la producción ganadera. Según explicó, todavía se sienten las consecuencias de los terneros que no nacieron durante la sequía de 2023 y destacó el potencial del riego de pasturas y cultivos destinados a la alimentación animal.
Mencionó experiencias de productores lecheros que alcanzan producciones de unos 15.000 kilos de materia seca por hectárea con riego y casos de productores ganaderos que llegaron a producir entre 900 y 1.000 kilos de carne por hectárea.
Aguerre aclaró, sin embargo, que la propuesta no implica regar todo el territorio nacional, sino generar condiciones para transformar productivamente determinadas zonas.
El programa de riego multipredial que se impulsa a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo apunta a facilitar inversiones privadas y permitir que productores que no tienen condiciones para construir una represa propia puedan acceder igualmente a un servicio de riego.
El Estado, explicó Aguerre, no será quien construya directamente las obras, sino que buscará participar mediante incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento. Entre las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de los beneficios tributarios para proyectos de riego. Aguerre señaló que las exoneraciones fiscales podrían alcanzar hasta el 90% de la inversión elegible en determinados proyectos promovidos.
La lógica es que la inversión privada construya y gestione la infraestructura, mientras los productores que utilizan el agua paguen por el servicio y por los costos de operación.
Para ello, la normativa prevé además la figura del operador especializado de riego, encargado de administrar el sistema, controlar el uso del agua y garantizar que el recurso sea distribuido de acuerdo con lo establecido.
